Durante el mes de junio se registraron cien conflictos en el país, cantidad que sumada a los casos de abril (120) y mayo (104) da lugar a tres meses consecutivos con al menos cien conflictos mensuales. Durante junio los bolivianos se movilizaron principalmente por temas vinculados con la gestión pública en los tres niveles del Estado. En Santa Cruz pobladores de Yapacaní demandaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación del contrato para la construcción de la carretera Norte Integrado – Yapacaní; en Cochabamba pobladores de Sipe Sipe exigieron la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, así como otros proyectos hídricos y vecinos de Ticti Norte continuaron sus protestas por el traslado de la atención médica del centro de salud a instalaciones que no cumplen con las condiciones mínimas necesarias; en Chuquisaca vecinos del barrio Julio Villa de la ciudad de Sucre protestaron por la paralización de los trabajos de pavimentación que debían concluir en diciembre de 2023. La problemática económica –que actualmente está en el centro de la preocupación pública debido a la difícil coyuntura por la que atraviesa el país– es una fuente constante de conflictividad social: la escasez de dólares dio lugar nuevamente a movilizaciones de choferes del transporte pesado, gremiales, de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y de vecinos, exigiendo medidas para encarar el incremento en los precios de materias primas, repuestos y otros por la escasez de esa moneda; asimismo hubo protestas por el ingreso masivo de contrabando que daña la producción nacional. En Potosí se registraron conflictos y contra conflictos de transportistas y de la Federación de Juntas Vecinales por el incremento de las tarifas del transporte público; desde hace meses los choferes buscan aumentar las tarifas debido al incremento del precio de los repuestos de sus motorizados y del costo de vida en general; por su parte, los vecinos afirman que, en la delicada situación económica de las familias, el incremento del transporte sería sumamente perjudicial. Por otra parte, hay que destacar el significativo número de conflictos en demanda de justicia por casos de feminicidio, a lo cual se añade la protesta por falta de atención a las repetidas denuncias de violencia estudiantil en unidades educativas de Sucre. Al igual que en mayo pasado, los transportistas fueron los principales movilizados en el país en demanda de aprovisionamiento de combustible y de dólares para el normal desarrollo de sus actividades, así como a nivel local por el avasallamiento de rutas en Tarija, reordenamiento de vías públicas en la ciudad de Santa Cruz y otros. También destacaron las movilizaciones de vecinos urbanos y rurales en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Chuquisaca exigiendo medidas para frenar el incremento de precios de los productos de la canasta familiar. El sector de educación, principalmente padres de familia, protestaron por problemas en la entrega del desayuno escolar en las áreas periurbanas de Potosí, así como por el avasallamiento de predios de una unidad educativa en Sucre; estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz demandaron la renuncia del decano de la Facultad de Humanidades por presuntos actos de discriminación y corrupción. El sector salud retomó sus manifestaciones contra el proyecto de ley que modificaría la Ley de Pensiones estableciendo la jubilación forzosa a los 65 años; también se movilizó exigiendo la destitución del gerente general de la Caja Nacional de Salud por denuncias de presunta corrupción (sobreprecio de Bs 2 millones en la compra de medicamentos e insumos para la CNS). La Paz, Cochabamba y Potosí fueron el escenario central de las protestas durante el sexto mes del año; en esta última ciudad se registró una gran cantidad de demandas locales que movilizaron en repetidas ocasiones a diferentes actores sociales. La radicalidad de los conflictos en junio fue, en general, baja: 6% de enfrentamientos violentos frente al promedio de 12% de los últimos años; sin embargo, es necesario mencionar que la proliferación de los bloqueos carreteros –como medida de presión adoptada tanto en conflictos de envergadura como en pequeños casos locales– genera una alta afectación sobre las actividades económicas y la vida cotidiana de la población.