Durante el mes de julio se registraron 106 conflictos en el país. Al igual que en los pasados meses, estas movilizaciones sociales fueron consecuencia tanto de la difícil situación económica, como de las deficiencias en la gestión pública.
Las protestas por la problemática económica se concentraron en dos grandes temas: la falta de dólares y la escasez de diésel. Algunos casos destacados son los siguientes: las universidades públicas del país exigieron al Ministerio de Economía la transferencia de recursos para atender sus necesidades financieras; en El Alto el Consejo Central y las federaciones de artesanos protestaron por el cierre de varias unidades productivas ante la imposibilidad de pagar a su personal y los gastos de operación; en Cochabamba el Colegio de Odontólogos rechazó el incremento de los insumos dentales (hasta 30%) por la falta de dólares y las asociaciones de vendedores de celulares exigieron controles al cambio de la divisa puesto que sus proveedores ajustan los precios a Bs 10,50 y no al tipo de cambio oficial.
Se produjeron numerosas movilizaciones por problemas en la gestión pública –especialmente en cuanto a la prestación de servicios– en ocho departamentos pueden mencionarse las siguientes: la Central Obrera Departamental de Chuquisaca retomó sus movilizaciones exigiendo la construcción de un hospital de tercer nivel, obra que aún no se inició pese a la firma de compromisos por parte de las autoridades; en Potosí siete comunidades exigieron al gobierno departamental paralizar el proyecto de aducción de agua del Sijllahuiri para proveer del líquido a la ciudad de Potosí debido a la afectación que tendría en sus cultivos y su consumo de agua; en Oruro los vecinos de San Pedro de Cochiraya exigieron el asfaltado de vías públicas, proyecto que no avanza desde hace más de tres años; en Cochabamba los vecinos de Tiquipaya rechazaron la creación de una empresa municipal de agua y alcantarillado, afirmando que se busca privatizar los pozos y redes que abastecen de agua; en Tarija la Federación de Juntas Vecinales denunció el incumplimiento de compromisos municipales sobre proyectos de agua y alcantarillado, paralizados desde 2023; en Santa Cruz el Sindicato de Trabajadores del Hospital Materno Infantil Percy Boland exigió solución al hacinamiento existente en la unidad de neonatología, mejoras en la infraestructura, entrega de ítems y de insumos médicos, denunció que hace seis meses las autoridades de los tres niveles del Estado se comprometieron a atender sus demandas; padres de familia del distrito 14 demandaron la conclusión de obras de una unidad educativa que debía entregarse en junio; en San Andrés, Beni, los vecinos exigieron celeridad en el proceso judicial contra el alcalde Rudy Vásquez por supuesta malversación de fondos.
Por tercer mes consecutivo los transportistas fueron los principales movilizados por el desabastecimiento de diésel y la escasez de dólares que dificultan el normal desarrollo de sus actividades; las protestas de este sector no se limitaron a bloqueos carreteros, sino que incluyeron medidas de presión en las ciudades exigiendo incrementar las tarifas de transporte, control de rutas y otros. Asimismo, los vecinos fueron otro actor importante en julio. El sector salud volvió a salir a las calles principalmente en rechazo al proyecto de ley modificatorio de la Ley de Pensiones que establece la jubilación forzosa a los 65 años.
Santa Cruz, La Paz y Potosí fueron los departamentos que concentraron la mayoría de los conflictos del mes; al igual que el mes pasado, este último se mantiene entre los departamentos con más casos debido a la gran cantidad de demandas locales que movilizan a distintos actores sociales.
En cuanto a la radicalidad de los conflictos, aunque en julio se observó un ligero incremento de las protestas violentas en comparación al mes pasado, éste se encuentra por debajo del promedio. Hubo varios enfrentamientos entre movilizados y fuerzas del orden por el continuo bloqueo de carreteras, como ocurrió en Yacuiba, Tarija, donde se desbloqueó por la fuerza el puente internacional para que pasen 150 cisternas con gasolina y en Caracollo, Oruro, donde la Policía tuvo que intervenir dos veces para desbloquear la carretera, con el saldo de varios heridos.
Los mineros protagonizaron –por tercera vez en el año– el conflicto más violento. Las cooperativas mineras Señor de Mayo y San Mateo, que pugnan por el control de la explotación de oro en Sorata, se enfrentaron con armas de fuego y atacaron a la Policía que intentaba restablecer el orden, dejando por lo menos 10 heridos y dos policías fallecidos.