Durante el mes de marzo se registraron 98 conflictos en el país, una cifra ligeramente superior a la del mes pasado (89 casos).
Son dos, claramente, las fuentes centrales de conflicto: los problemas de gestión pública en los tres niveles del Estado y la difícil situación económica por la que atraviesa el Estado y la población. Con relación a la gestión pública hubo protestas en distintas regiones del país: falta de obras y mantenimiento de las unidades educativas en Sucre y Santa Cruz, hacinamiento y falta de equipamiento del Hospital Percy Boland y paralización de la construcción del oncológico en Santa Cruz, demanda de alcantarillado en Cochabamba y Uyuni, mantenimiento de mercados municipales en Oruro, obras que beneficien a la población guaraní del Chaco chuquisaqueño, entre otras. Un conflicto que ejemplifica las deficiencias en la gestión pública es la construcción del Hospital del Niño en Cochabamba, obra iniciada en 2007 y suspendida en 2010 debido a la existencia de fallas estructurales, actualmente el edificio se encuentra abandonada sin que la alcaldía y la gobernación lleguen a un acuerdo sobre los pasos a seguir, pese a la urgencia de contar con un centro médico con condiciones para atender a la población infantil.
En el tema económico los conflictos se debieron a: retrasos en el pago de sueldos y beneficios sociales en empresas de La Paz (trabajadores de La Francesa impagos desde hace ocho meses) y Chuquisaca (trabajadores de PIL impagos desde hace seis meses); posible incremento de tarifas de transporte público en El Alto, Oruro y Cochabamba; jubilación obligatoria a los 65 años, que el proyecto de ley modificatoria de la Ley de Pensiones establece, lo cual dejaría a mucha gente sin empleo ni ingresos; necesidad de puestos laborales (rechazo en Oruro a la optimización de ítems que reduciría los puestos de trabajo para maestros urbanos, rechazo a la otorgación supuestamente irregular de 135 ítems en la guardia municipal de Santa Cruz); urgencia de generar ingresos que beneficien a sectores bien posicionados (demanda de aprobación de 19 contratos mineros por la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz).
Pobladores urbanos y rurales fueron los principales actores en las movilizaciones de marzo. También destacaron los sectores de salud y educación debido a las protestas en rechazo a la modificación de la Ley de Pensiones y a otras específicas de cada uno.
La conflictividad se concentró en los departamentos del eje, siendo la ciudad de La Paz donde se registraron más casos por su condición de sede de gobierno.
Es importante mencionar la gran cantidad de movilizaciones vinculadas con la realización del censo nacional y población y vivienda. Varias poblaciones exigieron ser consideradas como pertenecientes a municipios y/o departamentos distintos a los definidos por el INE: comunidades de Santa Bárbara y Buena Vista en Pojo, Cochabamba, protestaron por los límites territoriales que figuran en las boletas censales; pobladores de Abapó en el municipio de Cabezas, Santa Cruz, rechazaron ser incluidos dentro del municipio Gutiérrez; pobladores de Colomi rechazaron ser considerados parte de Villa Tunari, pobladores de El Torno rechazaron boletas pertenecientes a La Guardia; la comunidad chiquitana de Piso Firme rechazó ser considerada como perteneciente al Beni; vecinos de Cochabamba exigieron ser censados como parte de Cercado y no de Sacaba. Estas protestas muestran la existencia de múltiples problemas de delimitación territorial en el país, los cuales se amplifican por las desigualdades económicas y de gestión entre municipios y departamentos, que influyen en la calidad de vida de la población. Por otra parte, se produjo un caso de secuestro de material censal y de un vehículo y agresión a censistas por pobladores de Champullo Checa, en el municipio de Yaco, La Paz, quienes se encuentran en pugna por la actividad minera con los municipios de Ichoca y Malla, lo cual devela el aprovechamiento del censo para poner de manifiesto la existencia de tensiones y conflictos por otros temas.