El trabajo analítico en el campo de la conflictividad social es fundamental como una
herramienta que permite comprender mejor los procesos sociales y políticos y orientar la
toma de decisiones en relación a los conflictos hacia su transformación constructiva y pacífica.
El constructivismo político, que busca desarrollar el pluralismo y la interculturalidad,
reconociendo las diferencias y los denominadores comunes a todos los miembros de la
sociedad, así como fortalecer y profundizar la democracia, puede constituirse en una
alternativa para la transformación de los conflictos.
La construcción de un orden y de un horizonte común es el resultado de un proceso
esencialmente conflictivo. En este sentido, resulta necesario contribuir al entendimiento
de que el conflicto no es en sí mismo negativo, y que si se gestiona a través del diálogo y
la negociación, atendiendo tanto a las causas estructurales como a las coyunturales que lo
determinan, puede ser aprovechado como una oportunidad para realizar las transformaciones
que la sociedad requiere para ser más equitativa y justa.
Los conflictos sociales son eventos que ponen a prueba la capacidad de los sistemas políticos
para responder a las necesidades y demandas sociales; una respuesta desde el constructivismo
político se orienta a fortalecer y mejorar las relaciones entre los actores del conflicto, evitando
que la incompatibilidad, o la percepción de incompatibilidad de objetivos conduzca a un
rompimiento y a una escalada de la violencia.
En 2009, la Fundación UNIR Bolivia1 y el Proyecto de Análisis Político y Escenarios
Prospectivos (PAPEP) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
instituciones de reconocida trayectoria en la investigación y el análisis de la conflictividad social
y que comparten objetivos comunes en relación al tratamiento constructivo de los conflictos
y el aporte a la construcción de una cultura de paz, unieron esfuerzos para el establecimiento
de un Observatorio Regional de Conflictividad cuyo propósito es monitorear y analizar la
conflictividad social en 17 países latinoamericanos, considerando sus raíces, trayectorias y
su posible impacto sobre los procesos contemporáneos de construcción/consolidación de la
gobernabilidad democrática.